Nelson Faraco*
RDF, N° 29 (2020): 47-58
Resumen: El presente artículo tiene como finalidad exponer la
centralización política del poder en Venezuela como fin político de la tendencia
actualmente en gobierno y el impacto que estas medidas han dejado sobre el
régimen de la función pública en nuestro país.
Palabras clave: Centralización;
Derecho Administrativo; Función pública.
Summary: This article seeks to explain the application of
centralist policies as a means to consolidating power, as utilized by the
governing coalition in Venezuela, while explain the negative impact left on our
civil service.
Key words: Centralization;
Administrative Law; Civil Service.
Sumario: Introducción.
1. Centralización política y administrativa como iniciativa de la
“Revolución”. 2. La carrera administrativa y la función
pública de hoy. 3. Análisis comparativo y tendencias actuales de
la Función pública. 3.1. Función pública en España. 3.2. Función pública en Francia. 3.3.
Función pública en Estados Unidos
de América. Notas finales.
A lo largo de los 23 años de la tendencia chavista en el poder, Venezuela ha descendido en un espiral de políticas tendientes a centralizar cada vez más el proceso de toma de decisiones. Con una constancia inclemente, se ha hecho caso omiso a los artículos de nuestra Constitución (redactada e impulsada por cierto, por quienes han gobernado el país estos últimos 23 años) donde se define claramente al Estado venezolano como un Estado Federal descentralizado, transformándolo en un Estado omnipresente, carente de controles, contrapesos institucionales y por supuesto, desconociendo los principios fundamentales del ordenamiento jurídico vigente.
A
diferencia de otros regímenes políticos en la historia occidental, el fraude
continuado perpetrado por la tendencia gobernante en Venezuela no se despliega
a partir de un precepto constitucional, sino que se desarrolla sobre las bases
legales erigidas desde un parlamento totalmente dominado por la misma tendencia
política. Como bien lo detalla el profesor Manuel Rachadell, los instrumentos
legales promulgados establecían un criterio de subordinación de los estados y
municipios con respecto al Poder Ejecutivo Nacional. A esto debemos sumar una
serie de fallos dictados por el Poder Judicial en distintos niveles cuyos
objetivos eran vaciar las distintas competencias del poder municipal y estadal,
en beneficio de la Administración Nacional[1].
Bajo
este contexto anteriormente descrito, nace el Decreto Ley del Estatuto de la
Función Pública, promulgado con el objetivo de centralizar los criterios y
principios que rigen la función pública en Venezuela. Justificándose en la
existencia de una reserva legal federal[2],
esta norma efectivamente vulnera el principio constitucional de la
descentralización al privar a los estados y municipios de su capacidad de
dictar normas que rigen la relación laboral existente entre ellos y sus
funcionarios. El criterio de reserva legal federal se desarrolló aún más
mediante las sentencias de la Sala Constitucional N° 587 de 26-04-2011 y luego
en el fallo del 29-01-2012. Las decisiones judiciales previamente citadas son
instancias donde la Sala Constitucional anula normativa vigente, en el caso de
la primera anula un artículo de la Constitución Estadal del estado Zulia,
motivando su decisión en la colisión de las disposiciones normativas con
respecto a lo establecido en la Constitución y en la existencia de una reserva
legal en favor del legislador federal. Este concepto funcionó como uno de los
motores principales de una política dirigida desde diversas instituciones del
Estado cuya finalidad única era centralizar el poder, cumpliendo así con los
objetivos e intereses de la coalición gobernante en el país.
Con
el paso del tiempo, se hizo manifiesto el verdadero fin de estas iniciativas,
despojar de capacidades a los distintos entes político territoriales y
fortalecer al poder nacional mediante la concentración del poder en los órganos
que lo componen, particularmente aquellos adscritos a la rama ejecutiva.
Podríamos hablar, como lo menciona la profesora María del Carmen Vásquez, de
una estrategia de desinstitucionalizar las distintas instancias del Estado
establecidas en la Constitución, mientras se construye una institucionalidad
paralela, sujeta a la decisión e intereses de quienes detenten el poder
político en el país[3].
El
Profesor Manuel Rojas Pérez define la función pública como los individuos que
van a desarrollar la actividad administrativa. Es el elemento personal del
órgano administrativo, aquellas personas a quienes se les asigna la tarea de
formar y manifestar la voluntad de la entidad correspondiente[4]. A los
fines de darle cumplimiento a los objetivos que puedan tener las distintas
instituciones del Estado, lo correcto es que estén integrados por profesionales
de diversas áreas según sea la necesidad, cuyo ingreso a la carrera
administrativa debe ser regulada a través del instrumento legal
correspondiente. Además, deben contar con una remuneración suficiente para
competir con el sector privado.
La
realidad venezolana de hoy dista mucho del deber ser para los funcionarios
públicos. Prohibiciones de ejercer concursos como principal método de ingreso y
ascenso en los cargos públicos, el nepotismo y la necesidad de imponer lealtad
a la tendencia política dominante en Venezuela han limitado la
profesionalización de los servidores públicos. En perjuicio de la
profesionalización de la función pública, proceso que de acuerdo a la
investigación realizada por el Profesor Rafael Martínez en la Revista Enfoques
de la Universidad de Santiago de Chile, inicia en la década de los 90, con un
desplazamiento marcado en la región consistente en trasladar el clientelismo
político presente en el desempeño de la función pública, en favor de
profesionales con capacidad de desarrollarse en sus áreas al mismo tiempo que
maximizan la eficiencia de las funciones que deben ejercer los órganos
públicos.
Al
asumir el poder la tendencia del fallecido presidente Chávez, inició una etapa
muy diferente para nuestros servidores públicos. Bajo la justificación de la
retórica revolucionaria de “romper con esquemas viejos”, comenzó un proceso de
politización de la función pública en cada rama del poder público en detrimento
de funcionarios que llevaban décadas de ejercicio dentro de estos organismos.
Era un hecho público y notorio que en los distintos órganos del poder
ejecutivo, los cargos de dirección más relevantes estaban ocupados por personas
leales a la tendencia oficialista, pero que carecían de la experiencia técnica
para conducir esa área. Se hacía evidente que más importaba garantizar
influencia sobre el órgano o departamento en cuestión antes que maximizar su
rendimiento en cuanto al trabajo se refiere.
Como consecuencia de lo explicado, el trabajo
vital de los funcionarios públicos en Venezuela ha sido desprovisto de honradez
y seriedad, con sueldos de miseria y poca capacidad de desarrollo profesional,
sumado a esto la existencia de inmensas redes de corrupción que obligan a los
funcionarios a participar en ellas por la sola necesidad de sobrevivir la peor
contracción económica en nuestra historia contemporánea. Actualmente, según los
datos que presenta Latinobarómetro en su informe de 2021[5],
Venezuela hoy ocupa uno de los lugares más altos, en cuanto a países donde se
evidencia un alto nivel de desconfianza en las instituciones encargadas del
ejercicio del gobierno. Curiosamente, el mismo estudio nos indica que en
Venezuela es el país donde una abrumadora mayoría percibe al Gobierno como ente
receptor de la mayor cantidad de facultades, lo que se traduce fácticamente a
que es percibido por la población como el órgano de mayor poder en todo el
país. Esta percepción, a nuestro entender, obedece principalmente a la realidad
del desarrollo institucional de la Venezuela actual, donde se evidencia un
dominio indiscutible del Poder Ejecutivo, incluso al punto de socavar la
independencia de las otras ramas del Poder Público.
Siguiendo
lo anterior, podemos efectivamente concluir que son aquellos órganos cuyo
funcionamiento y ámbito de competencias efectivamente se encuentran adscritos
al Poder Ejecutivo, haciendo de lo siguiente algo aún más grave. La
Organización no gubernamental Transparencia Internacional, en enero del
presente año 2022, publicó su Índice de Percepción de la Corrupción, con las
conclusiones y resultados de sus estudios realizados en el año 2021[6]. En dicho
estudio, Venezuela se ubica en el número 177 de 180 y en la región
latinoamericana figura como el más corrupto. Las estadísticas publicadas por
esta misma organización nos indican que este proceso no fue abrupto, el país se
ha encontrado en descenso gradual en cuanto a la lucha contra la corrupción se
refiere, con puntuaciones cada vez más bajas a medida que pasan los años,
alcanzando una breve estabilidad en el 2013, pero luego nuevamente comenzando
un descenso lento pero seguro. Los resultados de esta medición son compartidos
por el Círculo de Estudios Latinoamericanos en su Informe de Corrupción en
Latinoamérica publicado en julio del año 2022[7],
también ubicando a Venezuela como el país más corrupto de América Latina y el
Caribe.
Basándonos
en los estudios realizados por estos centros y otros tantos que han pretendido
reportar sobre el estado de funcionamiento de los entes gubernamentales
venezolanos, podemos afirmar inequívocamente que el resultado de las políticas
públicas de la tendencia chavista actualmente en el poder en Venezuela, ha sido
la proliferación de la corrupción en todos los niveles del Estado, haciéndose
necesario destacar la existencia de una crisis macroeconómica grave que ha
pulverizado el salario mínimo de los ciudadanos aun haciendo vida en el sector
formal de la economía, y, la centralización excesiva impulsada de manera
progresiva desde el Poder Ejecutivo que ha conllevado como consecuencia natural
a una politización de los distintos cargos públicos, disminuyendo el acceso en
base a criterios de méritos a la carrera administrativa y aumentando el poder
práctico de los cargos de confianza a lo largo de la Administración Pública.
Esto ha traído consigo una disminución notoria en la calidad de los servicios
públicos, así como una caída abrupta en la eficiencia de los órganos públicos
en el cumplimiento de sus funciones. Se han hecho denuncias públicas
incontables de abusos de poder o actos de discriminación por motivos políticos
perpetrados por funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones, todo
esto como consecuencia de las políticas públicas empleadas en el país cuyo fin
último, como ya lo hemos establecido, no era la mejoría del desempeño del
Estado con respecto a la vida de los ciudadanos, sino aprovecharlo como una
cartera infinita de privilegios por parte de quienes han sostenido las riendas
del poder político dentro de Venezuela por más de dos décadas.
Por
otra parte, se hace necesario señalar el proceso de transformación que ha
sufrido la función pública como consecuencia de la aplicación de normas y
figuras originadas en el Derecho del trabajo. Este proceso, en tiempos
recientes, ha visto un auge, con la incorporación de figuras propias de la
materia laboral a la Ley del Estatuto de la Función Pública, como lo son el
derecho a sindicarse, a la convención colectiva y en algunos casos, el derecho
a la huelga.
Esta incorporación de figuras propias del
Derecho del Trabajo al campo de la función pública, promovidas por lo que el
profesor Nicolas Arambulo llama “la tendencia laboralista” en su investigación
acerca de la progresiva laboralización de Venezuela[8]
, fue insertando por la vía de los hechos estos aspectos, generando,
conscientemente pensamos, cambios materiales en la relación existente entre un
funcionario público y el Estado que es quien finalmente funge como su patrono.
Uno de estos grandes cambios viene con la interpretación realizada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 521, de
fecha 01-07-2016, donde establece que aquellos individuos que actualmente
prestan servicio al Estado venezolano pero cuyo ingreso a esa posición no se
hizo mediante el mecanismo formal que es el concurso público deben ser
considerados funcionarios, reservando a los “funcionarios de carrera” la
necesidad de realizar concursos públicos para lograr su ingreso, tal y como
dispone la Constitución. Esta equiparación le trajo a todos aquel personal
contratado que ejercía algún tipo de función dentro de la Administración
Pública la estabilidad y protección propia de un funcionario público.
A
primera vista, esto puede parecer un beneficio que se hizo extensivo a todos
aquellos que venían realizando labores dentro de la enorme maquinaria del
Estado pero que hasta ahora no poseían las calificaciones propias de un
funcionario público. Lo que materialmente se produjo a través de este fallo es
la regularización de acceso a la función pública sin necesidad de pasar por
concursos públicos, quedando el ingreso a total y absoluta discreción de quien
emite los contratos dentro del órgano determinado donde algún trabajador
prestaba servicios. Por la vía de los hechos, bajo el disfraz de hacer
extensivos beneficios de índole laboral a quienes ya llevaban tiempo de
servicio dentro de la administración, dieron un paso definitivo hacia
consolidar el control político sobre las distintas instituciones que conforman
el Poder Nacional, no solo la rama ejecutiva, sino todas.
Actualmente,
el clientelismo y la corrupción se apoderan de la Administración Pública en
Venezuela, hecha una organización de proporciones titánicas como resultado de
las políticas de centralización impulsadas desde el gobierno nacional.
Claramente, esto todo cumplía con el objetivo principal, que era crear una
suerte de protección a nivel institucional que pudiese, aun contrariando las
normativas legales y constitucionales, salvaguardar los intereses y en general
el control político de la tendencia gobernante. Esta ruptura con el verdadero
propósito de los funcionarios públicos ha creado las condiciones para la
aparición de redes de corrupción inmensas que hoy impiden el funcionamiento
regular de los distintos órganos, salvo que se les pague el precio que ellos
exigen.
Mientras
tanto, los pocos funcionarios de carrera que aún quedan, si no congenian con la
tendencia gobernante o sus políticas, son sometidos a condiciones de trabajo
cada vez más deterioradas, con la finalidad de forzar su renuncia a los fines
de reemplazarlos con funcionarios de confianza y que sean simpatizantes a los
razonamientos de quienes sostienen las riendas del poder y se benefician de
ello.
Con
el objetivo de comprender que tanta desviación ha sufrido el sistema venezolano
a causa del actual régimen político, es menester destacar cómo se ha
manifestado el ejercicio de la función pública en varios países del mundo
occidental. Es imposible afirmar que todo el occidente debe asentar un modelo
único en cuanto al funcionamiento de la Administración Pública o la regulación
de sus funcionarios, pero de nuestro análisis esperamos se desprendan algunas
características comunes que hoy el sistema venezolano, por motivos políticos,
ignora. Nos planteamos entonces trazar comparaciones a partir de algunos
planteamientos relativamente generales sobre el funcionamiento de la función publica en países del mundo occidental, con cierto nivel de
influencia a nivel doctrinario en lo que respecta esta materia.
Se
hace necesario en este punto, destacar la realidad Administrativa de España en
la actualidad, esto consiste pues, según la propia doctrina jurídica española,
en la coexistencia de “diversas Administraciones Públicas” dentro del
territorio del Estado español, a pesar de ser un estado unitario. Esto obedece
a las distintas políticas de descentralización empleadas por el gobierno,
otorgando autonomía a diversos entes políticos territoriales.
La
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público[9], reformada mediante el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre, se erige como
instrumento normativo que recoge todo lo referente a la materia de la función
pública dentro de España, buscando un equilibrio entre el sistema de selección
con base a méritos profesionales como método de ingreso a la carrera
administrativa y los derechos de los distintos tipos de funcionarios. Sin
embargo, a pesar de las características del régimen político español, una
lectura a la referida ley nos permite observar, a lo largo de su articulado, una
redacción que no solo protege sino que además promueve las potestades
legislativas de las distintas comunidades autónomas a través de las leyes de
desarrollo. Estas son normas de rango legal, dictadas por los órganos
legislativos existentes dentro de las distintas comunidades autónomas, que
tienen como finalidad desarrollar y adaptar a los aspectos que considere
pertinente esa administración.
La
legislación española reconoce la existencia de los siguientes funcionarios
públicos: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya
sea fijo, a tiempo indefinido o temporal, personal eventual.
En
el caso de los funcionarios de carrera, son admitidos mediante sistema de
concursos, concursos-oposición o de oposición, según requiera la posición
determinada a la que se aspire. Los funcionarios interinos son seleccionados,
mediante un proceso también basado en el sistema de méritos, para ocupar de
manera temporal, cargos de funcionarios de carrera. Aun ocupando el cargo, no
se equipara la condición de este último al de un funcionario de carrera. En el
caso del personal, su ingreso a la Administración Pública se formaliza mediante
contrato formalizado por escrito en cualquiera de las modalidades previstas en
la legislación laboral de España. Finalmente el personal eventual realiza
funciones muy específicas de forma no permanente, en virtud de un nombramiento
o designación. Una vez adquirida la condición de funcionario, cada
Administración debe crear un Registro de Empleados Públicos a los fines de
impulsar una gestión integrada de recursos humanos de acuerdo a sus realidades.
Nos
queda claro que no se pretende, desde el gobierno central de España, imponer un
solo criterio de funcionamiento o un sistema homogéneo cuyo único modelo a
seguir sea el gobierno nacional. Lo que sí se busca, comprendiendo la realidad
político-administrativa de España, es promover la existencia de un esquema de
funcionamiento no uniforme, más flexible para su recepción ante los diferentes
entes burocráticos territoriales, pero que al mismo tiempo, busca la regulación
general de una serie de aspectos que se estiman necesarios a los fines de
garantizar un eficaz funcionamiento de los órganos públicos.
El
régimen de la Administración Pública francesa contemporáneo nace a partir de la
Revolución Francesa, donde el denominado ancien
régime, donde ejercían un predominio considerable los privilegios de la
nobleza francesa, quienes decidían de manera absoluta sobre la permanencia de
los distintos funcionarios en los cargos de relevancia para el Estado,
finalmente queda abolido en favor de un sistema con mayor enfoque hacia los
talentos y méritos. Dicha modificación se le atribuye generalmente a la
Constitución Napoleónica, donde se tiene la previsión de crear un conjunto de
cuerpos permanentes de funcionarios, dedicados a desempeñar funciones del
Estado, su escogencia para desempeñar funciones en estos cargos dependería
principalmente de sus méritos y capacidad. A través de las guerras
napoleónicas, estas reformas fueron exportadas a distintos países europeos,
transformando el régimen francés en uno de los más influyentes en cuanto al
desarrollo del derecho administrativo y la función pública.
Actualmente,
la función pública francesa cuenta con un gran instrumento normativo que
recopila toda la normativa vigente en su texto: el Código General del Servicio
Civil, vigente desde marzo de 2022[10]. De acuerdo con lo allí
establecido existen diversos tipos de ingreso a la carrera administrativa,
siendo estos mediante contrato de derecho público, emitido por algún ente
nacional o local, así mismo como acceder a través de un concurso público
realizado por alguna institución pública. Cada ente, de acuerdo a su estatuto o
normativa de funcionamiento, podrá crear puestos de trabajo que requieran uno
de estos procesos para acceder. En el caso de algunos entes territoriales, como
administraciones municipales, los órganos deliberantes serán los que creen
estas posiciones. El aspirante debe entonces ser admitido a este puesto de
trabajo bien sea reuniendo los requisitos para firmar el contrato o triunfar en
el concurso interno realizado.
Una
vez adquirida la condición de funcionario, la relación entre este individuo y
el Estado o el ente al cual presta servicio, pasa a ser considerada una
relación estatutaria, donde si bien se incorporan algunas figuras del Derecho
Laboral, no pierden la característica de una regulación especializada.
En
general se distingue entre tres tipos de funcionarios públicos a los cuales
rige el mencionado código: funcionarios del Estado, funcionarios territoriales,
funcionarios hospitalarios.
La
vigente legislación francesa establece la creación de un sistema de formación
para los funcionarios, a los fines que estos puedan beneficiarse del
aprendizaje y así concursar a nuevas posiciones dentro de la Administración
Pública. En muchos casos, dependiendo del cargo al que se aspire, es necesaria
la etapa de formación previo a poder concursar para acceder al mismo.
Anteriormente, dicho periodo de formación podía llevarse a cabo en la Escuela
Nacional de Administración, instituto académico de reconocida trayectoria.
Desde diciembre del 2021, la Escuela Nacional de Administración, por mandato
del Presidente Emmanuel Macron, será reemplazada por el Instituto Nacional de
Servicio Público.
El
caso francés no solo destaca su énfasis en la formación académica de sus
funcionarios, sino en la regulación de relaciones entre sus distintos órganos
descentralizados. El mencionado Código General del Servicio Civil no pretende
imponer una visión única desde el gobierno nacional, sino establecer algunos
criterios que deben ser considerados estándares para todos los funcionarios,
entre esos, derechos que ahora se incorporan a la relación estatutaria.
El
régimen de función pública de EEUU contemporáneo nace a partir del Pendleton
Civil Service Act de 1883, donde se consolida la implementación del sistema de
méritos como mecanismo de ingreso a los distintos puestos dentro de la
Administración Pública. Es necesario destacar que dicho acto tiene un ámbito de
aplicación restringido al Poder Federal, omitiendo de su texto alguna
disposición a seguir por parte de los estados miembros de la federación o los
municipios y condados existentes.
La
ley mencionada ut supra da nacimiento
a la Comisión de Servicios Civiles de los Estados Unidos, ente encargado de
regular y administrar los procesos competitivos de admisión en las distintas
posiciones de la Administración Pública, así como consolidar el sistema de
méritos por encima del sistema de clientelismo político, cuyas prácticas aún
existían en el accionar de los funcionarios en puestos de dirección.
Luego,
en 1979, el Civil Service Reform Act dio nacimiento a tres organizaciones que
suceden a la prenombrada comisión: (i) la Oficina de Administración de
Personal de EEUU, cuya función principal es promover criterios homogéneos en
cuanto al manejo de recursos humanos para los órganos y entes federales[11], (ii)
la Autoridad de Relaciones Laborales Federales, agencia encargada de regular
los aspectos laborales de la relación estatutaria existente entre los
funcionarios y el Estado, y (iii) el Consejo de Protección de Sistema de
Méritos, cuya función es proteger el acceso y permanencia de los funcionarios
de los distintos órganos de la Administración Pública contra prácticas
políticas, como el despido injustificado o la discriminación fundamentada en
motivos políticos.
Estos
entes, si bien son parte del Poder Ejecutivo, gozan de autonomía funcional a
los fines de evitar que sus facultades sean alteradas o intervenidas por la
esfera política inherente a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
En
cuanto a los tipos de funcionarios, el régimen funcionarial americano distingue
entre tres tipos grandes grupos, en razón de su método de acceso a la función
pública[12]: (i)
Servicio Competitivo: aquellos que ingresan mediante concursos u otro método
competitivo; (ii) Servicio Ejecutivo de alto nivel: categoría reservada
para cargos de libre nombramiento y remoción; (iii) Servicio Exceptuado:
se refiere a aquellos organismos con un proceso de admisión también basado en
los méritos pero que toma en cuenta otros criterios requeridos por la
organización que contrata. Es este el caso de las organizaciones de
inteligencia del Estado.
El
respeto a la descentralización y el distanciamiento de la influencia política
sobresalen como características visibles de este sistema, promoviendo un
régimen de función pública profesional, a dedicación exclusiva y protegida de
los cambios de gobierno propios de un sistema democrático, lo que a su vez
implica la existencia de una Administración Pública Federal eficaz y eficiente.
El
mundo occidental ha dado pasos definitivos hacia la consolidación de una
Administración Pública representada en funcionarios profesionales, capacitados
en el ejercicio de sus funciones y sobre todo, aislados de la dinámica política
a los fines de garantizar estabilidad y objetividad en la prestación de
servicios públicos. Venezuela desde hace más de dos décadas se ha
progresivamente alejado de esta tendencia, sustituyendo el respeto a la
autonomía por la centralización y el sistema de méritos por medios de ingreso
irregulares y el retorno no anunciado del clientelismo político.
Partiendo
del propio texto de la ley, se promueve un predominio del Poder Ejecutivo en
cada espacio en cuanto a determinar la dirección y gestión de la función
pública. Desde este punto, asumiendo esto como base, las instituciones del
Estado y los distintos órganos que lo componen comenzaron a aplicar la
normativa referida con el sentido y alcance propio a sus intereses: el de
asegurar la consolidación de la tendencia gobernante en Venezuela y su
capacidad de incidencia en las instituciones incluso al punto de
quebrantamiento del orden constitucional.
A
través de un despliegue institucional con objetivos ulteriores, lentamente, se
implementó una política de fortalecer el Poder Ejecutivo, otorgándole máximo
control sobre los funcionarios públicos que ejercen funciones en el Poder
Nacional, al mismo tiempo, disminuyendo la autonomía de los estados y
municipios. Con el uso de purgas institucionales, interpretaciones judiciales
viciadas y una abrumadora sobrecarga de atribuciones por parte de los distintos
órganos que componen la rama Ejecutiva del Poder, se consolidó una
administración sumamente politizada, donde la prestación del servicio no merece
la mayor importancia, sino la protección y garantía hacia los intereses de
quienes sostienen el Poder, condenando a los ciudadanos a vivir en el atraso
impuesto por estas medidas y todas las consecuencias dañinas que ellas
impliquen. Para quienes aun hacemos vida dentro del territorio nacional, acudir
a una institución pública implica una tarea de larga duración y resultados
impredecibles, pues es bien sabido que ante cualquier elemento que pueda ser
molesto, no existe posibilidad de ver prosperar una solicitud o trámite, aun
teniendo los recaudos exigidos por la legislación vigente.
La
función pública en Venezuela hoy se encuentra, conjuntamente con todo el
entramado institucional del Estado, en un punto crítico, haciendo necesario un
ajuste y reorientación a los fines de recuperar una administración donde la
transparencia, la honradez y la eficiencia nuevamente tomen protagonismo en el
trabajo cotidiano de nuestros funcionarios y donde realmente se pueda afirmar
que los distintos entes y órganos que componen la Administración Pública y los
funcionarios que ocupan sus distintos puestos de trabajo, realicen tareas en
beneficio y servicio de los ciudadanos venezolanos, no un grupo minúsculo que
sostiene el poder.
* Abogado
egresado de la Universidad Central de Venezuela. Especialista en estrategias
político-electorales. Nelson.alexis.faraco@gmail.com.
[1] Rachadell,
Manuel, “La Centralización del Poder en el Estado Federal descentralizado”, Revista
de Derecho Público N° 115/2008.
[2] Carrillo
Artiles, Carlos Luis, “La amputación de las potestades normativas del Municipio
en materia de Función Pública, por vía legislativa y jurisprudencial en
Venezuela”, Provincia, N° 33/2015,
pp. 129-144.
[3] Vásquez,
María del Carmen, “Actores y prácticas en la neocentralización política en
Venezuela: La fábula del sapo”.
[4] Pérez,
Manuel Rojas, “Función Pública, Burocracia y organización administrativa”, Revista de Derecho Funcionarial, N°
26/2019.
[5] Corporación
Latinobarómetro, “Latinobarómetro 2021”, www.latinobarometro.org
[6] Transparency
International, “Corruption Perception Index 2021”,
https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/ven
[7] Círculo
de Estudios Latinoamericanos, “Informe sobre Corrupción en Latinoamérica”,
https://www.cesla.com/pdfs/Informe-de-corrupcion-en-Latinoamerica.pdf
[8] Arambulo
Márquez, Nicolás, “La laboralización progresiva de la función pública en
Venezuela”, Sapienza Organizacional,
vol. 6, N° 11/2019, https://www.redalyc.org/journal/5530/553066143004/html/
[9] Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, BOE-A-2015-11719,
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/5/con
[10] Code
général de la fonction publique,
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000044416551/2022-08-12/
[11] OPM:
About Us https://www.opm.gov/about-us/our-mission-role-history/what-we-do/
[12] "The
Federal Civil Service". DOI University, National Business Center, U.S.
Department of the Interior (Revised 11/10/98),
https://web.archive.org/web/20091018051808/http://www.doi.gov/hrm/pmanager/st6.html