En
el quinto número del Anuario de la
Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Central de
Venezuela (AEDA) que nos corresponde reseñar, el lector encontrará cinco
artículos elaborados por estudiantes de la mencionada especialización.
En
esta ocasión, los artículos seleccionados responden a investigaciones
desarrolladas como trabajos especiales de grado a fin de obtener el título de
Especialista en Derecho Administrativo y versan sobre temas como la buena
administración, los procedimientos administrativos y el patrimonio público.
Así,
la primera colaboración lleva por título “Derecho
a la buena administración y al buen gobierno” y su autoría corresponde a Moisés Enrique Martínez Silva, quien
diserta sobre cómo el foro nacional e internacional ha entendido el derecho a
la buena administración y el derecho al buen gobierno, para luego adentrarse en
la regulación de ambos en el derecho comparado y nacional, destacando en
consecuencia las normas de rango constitucional, legal y sublegal que pueden clasificarse
como parte de “la buena administración”.
De
seguida, con “El interés general en los
actos cuasijurisdiccionales”, Fernando Javier Delgado Rivas estudia la
relación que existe –o debería existir– entre los procedimientos cuasijurisdiccionales y el interés general. Con motivo de
lo anterior, el autor aborda la expansión y críticas que ha recibido este
procedimiento, el concepto del interés general, su vinculación con el Estado
Social de Derecho y, en definitiva, la imposibilidad de que la Administración
Pública actúe como un tercero imparcial en este u otro procedimiento dada su
obligación de ser garante de dicho interés en virtud de su rol vicarial.
La
colaboración subsiguiente se titula “El
principio de transparencia en los procedimientos administrativos de selección
de contratistas en Venezuela”, de Marisela
Benítez Unibio, y consiste en un repaso de las
diferentes normas que regulan las contrataciones públicas y que permiten
confirmar la importancia que tiene el principio de transparencia en la
actividad administrativa en general y en las contrataciones del Estado en
particular. Para arribar a esta conclusión, la autora destaca –por ejemplo– los
atributos de este principio, su modulación, finalidad y principios
relacionados, así como su materialización en las diferentes etapas de los
procedimientos de contratación, con inclusión de la contratación electrónica.
También
de interés para el Derecho Administrativo hallamos el artículo “Aspectos normativos de los estudios de
postgrado en Venezuela” de Dignora Blanco,
quien después de categorizar jurídicamente a los estudios de postgrado y
comentar su trascendencia jurídica, económica, política y social, aborda el
tema del derecho a la educación –tanto en su origen como alcance y efectos– para
concluir con el análisis de la normativa aplicable a los estudios de postgrado
en el país, que se caracteriza por su carácter sublegal.
Finalmente,
el AEDA 2020 concluye con “La
confiscación de bienes en Venezuela” de Julio
César Celis, cuyo trabajo enlista y explica los supuestos de confiscación
previstos en la Constitución de la República; que a su vez vincula con los
antecedentes constitucionales de la figura, la garantía del derecho de
propiedad en general y la diferencia que existe entre la confiscación y otros modos
de adquisición especial o forzosa de la propiedad por parte del Estado, como lo
sería la expropiación.
Como
en años anteriores, agradecemos a los estudiantes de la especialización en
Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela por su interés en
esta iniciativa e invitamos al resto de los cursantes a que presenten sus
artículos para la próxima edición del anuario, de acuerdo con las pautas que
podrán encontrar en las primeras páginas de cada número.
Gabriel Sira Santana
Octubre, 2021