En
el cuarto número del Anuario de la
Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Central de
Venezuela (AEDA) que nos corresponde reseñar, el lector encontrará ocho
artículos elaborados por estudiantes de la mencionada especialización.
Estos
trabajos responden –en su mayoría– a investigaciones desarrolladas en el marco
de las asignaturas que conforman el programa de estudios de la especialización
y versan sobre temas como la actividad administrativa, la responsabilidad
patrimonial del Estado, la función pública y el Derecho Administrativo
interdisciplinario.
En
este sentido, la primera colaboración lleva por título “Algunos problemas del Derecho Público venezolano actual” y su
autoría corresponde a Jesús A. Villegas
Ruiz, quien diserta sobre la relación que existe entre el Derecho
Constitucional y el Derecho Administrativo y los fines propios que cada una de
estas ramas persigue, no siendo correcto que una absorba a la otra tal como
ocurre con la llamada administrativización
del Derecho Constitucional y la constitucionalización
del Derecho Administrativo.
De
seguida, en “La (re)definición del
concepto de Derecho Administrativo a la luz de la buena administración prevista
en el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”,
Miguel Pereira-Mesa se pasea por
algunos de los pivotes que ha tenido la definición del Derecho Administrativo a
lo largo de la historia –entre ellas, la noción de servicio público– hasta
llegar a la llamada buena administración como elemento que permitiría conceptualizar
esta rama del Derecho en la actualidad, en virtud del rol vicarial que impregna
a la Administración Pública.
A
continuación, con “Notas sobre la
flexibilidad en los procedimientos administrativos”, Fernando Javier Delgado Rivas examina algunas de las diferencias
que hallamos entre los procesos jurisdiccionales y el procedimiento
administrativo, centrándose sus comentarios en el carácter flexible de estos
últimos y cómo ello incide –por ejemplo– en los medios de prueba y los lapsos
para actuar en sede administrativa.
Pasando
a la materia de Responsabilidad Administrativa, en “Responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración por
funcionamiento anormal en el caso de las denominadas prótesis mamarias marca
“PIP” (Poly Implant Prothese)”, Marjorie
Rocio Maceira Ortega nos plantea un caso de estudio vinculado con el derecho a la salud que
llegó a contar con pronunciamientos judiciales de valor, compaginando la autora
los dichos del Poder Judicial con la teoría de la responsabilidad patrimonial del
Estado a fin de determinar la conformidad –o inconformidad– a derecho de los
criterios asentados por dicho Poder.
La
colaboración subsiguiente se titula “Análisis
de las medidas cautelares autónomas en el contencioso administrativo” de Jesús A. Azuaje T., y consiste en un
amplio estudio sobre las potestades cautelares del juez contencioso
administrativo de acuerdo con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y la legislación especial en casos como la materia tributaria o
agraria, enfocándose las aproximaciones del autor en las llamadas medidas
cautelares autónomas y sus diferencias con la tutela anticipada y la tutela autosatisfactoria.
Acercándonos
al Derecho Administrativo interdisciplinario, en el artículo “Aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras a la función pública” de Gianni Lanzillotta
Girán, el autor resume el régimen jurídico de los funcionarios públicos de
acuerdo con la Ley del Estatuto de la Función Pública y algunas disposiciones
puntuales de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
que él considera resultarían trasladables a estos sujetos en el ejercicio de
sus funciones.
También
de interés para el Derecho Administrativo y el Derecho Laboral hallamos el
artículo “Los actos cuasi jurisdiccionales
dictados por las Inspectorías del Trabajo como ruptura de la potestad de
autotutela de la Administración Pública” de Pedro José Romero Albor, quien, luego de repasar la noción de aututela, evalúa la naturaleza jurídica de los actos
emanados de la Inspectoría del Trabajo a fin de determinar si dicho organismo
podría o no ejecutar sus decisiones en contra de la voluntad de los
particulares y sin necesidad de acudir a un proceso judicial.
Finalmente,
el AEDA 2019 concluye con “La protección
de los derechos colectivos o difusos en los niños, niñas y adolescentes” de
Jesús Villegas, donde se especifican
las vías jurisdiccionales y administrativas a las que podría acudir un
interesado para lograr la protección de los derechos indicados, destacándose el
rol de los Consejos de Protección y los Consejos de Derechos en cada caso.
Como
en años anteriores, agradecemos a los estudiantes de la especialización en
Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela por su interés en
esta iniciativa e invitamos al resto de los cursantes a que presenten sus
artículos para la próxima edición del anuario, de acuerdo con las pautas que
podrán encontrar en las primeras páginas de cada número.
Asimismo,
agradecemos a los profesores Gustavo Urdaneta Troconis, José Gregorio Silva Bocaney y José Miguel Torrealba por la remisión de trabajos
elaborados por los alumnos en sus respectivos cursos de la especialización, a
fin de su valoración e inclusión en el AEDA.
Gabriel Sira Santana
Abril, 2020