En el segundo número del Anuario de la Especialización en Derecho
Administrativo de la Universidad Central de Venezuela (AEDA) que nos
corresponde reseñar, el lector encontrará ocho artículos elaborados por
estudiantes de la mencionada especialización.
Estos trabajos responden –en su
mayoría– a investigaciones desarrolladas en el marco del programa de estudios
de la especialización, revisando sus autores temas diversos como lo son la
organización y la actividad administrativa, aspectos de interés administrativo en
la legislación nacional y algunos de los procesos que se tramitan ante la
llamada jurisdicción contencioso administrativa.
En este sentido, la primera
colaboración lleva por nombre “Aproximación
a las unidades de auditoría interna como órganos de control fiscal interno”
y su autoría corresponde a Iván Paredes
Calderón, quien partiendo de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás normas aplicables
repasa las funciones y potestades de esta institución, así como la importancia
del régimen de estabilidad de sus titulares.
De seguida, con “El derecho a la buena Administración”, Moisés E. Martínez Silva reflexiona
sobre este concepto y cómo el mismo se ha expandido en el derecho comparado y
local gracias –en parte– al denominado Derecho Administrativo Global. Para
ello, y luego de acentuar la diferencia entre Gobierno y Administración, el
autor se pronuncia sobre aspectos como la simplificación de trámites, el
carácter vicarial de la Administración y la importancia del control
jurisdiccional.
A este artículo le siguen las “Notas sobre la actividad de la
Administración Pública en materia urbanística: especial referencia a la
edificación” de Ángel Alberto Díaz,
donde se ofrece una revisión sumaria de la legislación urbanística nacional
enfocada en los modos en que la Administración Pública interviene en asuntos de
edificación, precisándose con anterioridad conceptos fundamentales como la
ordenación territorial y urbanística, la función social de la propiedad y las
variables urbanas fundamentales.
Con posterioridad, en “Las causales de destitución en la Ley del
Estatuto de la Función Pública”, Thairy
Daza parte del listado contenido en el artículo 86 de la mencionada ley para
pronunciarse sobre los diversos supuestos de hecho que pueden dar lugar a la
destitución de un funcionario público, atendiendo como parte de su estudio a
los dichos de la jurisprudencia y la doctrina en la materia.
Este artículo es seguido por otro
titulado “Problemas prácticos en la Ley
de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Leyes Conexas” de Jesús Villegas Ruiz que, como su nombre
lo indica, desarrolla algunos de los inconvenientes que se presentan al aplicar
esta ley. Principalmente, en cuanto a las ocupaciones previas, la determinación
del justiprecio y la existencia de leyes que por su especialidad tienen prevalencia
sobre la mencionada norma general.
Luego, desplazándonos a temas del
contencioso encontramos la colaboración “La
audiencia preliminar prevista en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa para las demandas de contenido patrimonial” de Julio César Celis, quien se manifiesta
sobre cuál debe ser el contenido de esta audiencia entre las diferentes
opciones acogidas por el foro y los tribunales de la República, efectuando
ciertas consideraciones –a su vez– sobre el acta que recoge lo ocurrido en tal
acto procesal.
También sobre esta ley versa el
artículo “Aproximación a una noción de
servicio público de cara a la demanda por reclamos en su prestación establecida
en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa” de Fernando Javier Delgado Rivas. En él, el
autor repasa cuál ha sido el devenir de lo que se entiende por servicio público
y la necesidad de precisar un concepto que permita limitar la aplicación de la
Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en pro de la
libertad económica.
Ya para finalizar el lector hallará
el “Análisis de las medidas cautelares
nominadas previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
Precios Justos” de María Valentina
Villavicencio, que presenta parte de la investigación que la autora realizó
como su Trabajo Especial de Grado para optar al título de Especialista en
Derecho Administrativo, y en el que determina si tales medidas pueden ser
considerada como tales atendiendo a los principios y características de la
tutela cautelar en sede administrativa o si, por el contrario, se trata de la
aplicación prematura de sanciones.
Agradecemos a los estudiantes de la especialización
en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela por su interés
en esta iniciativa y aprovechamos la ocasión para informar que hemos abierto
dos plazas para incorporarse al equipo editorial del Anuario 2018 y participar así en la revisión de las colaboraciones
recibidas y la formulación de sugerencias y comentarios de rigor para su
publicación. Quienes deseen postularse o conocer más al respecto pueden
escribir al correo electrónico aeda@derechoadministrativoucv.com.ve, adjuntando
su resumen curricular y datos de contacto.
Gabriel Sira
Santana
Enero, 2018