En el primer número del Anuario de la Especialización en Derecho
Administrativo de la Universidad Central de Venezuela (AEDA) –que hoy
tenemos el agrado de reseñar– el lector encontrará trece trabajos suscritos por
estudiantes de la mencionada especialización.
Estas colaboraciones versan sobre
diferentes aspectos del Derecho Administrativo y responden –a su vez– a algunas
de las discusiones y planteamientos que se generan en las aulas de la
especialización, en las que convergen profesionales del Derecho que laboran en
la Administración Pública, el sector privado y el libre ejercicio,
alcanzándose, en consecuencia, una multiplicidad de enfoques y argumentos que
enriquecen el debate jurídico y académico.
Clara muestra de ello es este número
que agrupa trabajos referidos –entre otros– a la organización, la actividad,
los procedimientos y la responsabilidad administrativa.
En este orden de ideas, iniciamos
esta publicación con el trabajo presentado por Moisés E. Martínez Silva titulado “Universidades nacionales autónomas en la organización administrativa
venezolana. Especial consideración a su naturaleza jurídica”, en el que el
autor hace un recuento de cuáles han sido los principales criterios a nivel
legislativo, doctrinal y jurisprudencial sobre la naturaleza jurídica de las
universidades nacionales, y su relación con los conceptos de autonomía y prerrogativas.
Posteriormente quien suscribe, Gabriel Sira Santana, presenta como colaboración “Las ‘prerrogativas procesales de las
empresas del Estado’, a propósito del fallo N° 732/2015 de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, a través de la cual
denota los argumentos (y falacias) expuestos por la Sala Constitucional en un
fallo concerniente a PDVSA Petróleo, S.A., donde decidió que dicha empresa
contaba con las mismas prerrogativas procesales que la República. Del mismo
modo, se hace un breve repaso de los argumentos que la Sala ha empleado en
otros casos similares.
A continuación, y abordando la actividad
administrativa, encontramos el trabajo de Iván
Paredes Calderón titulado “Aproximación
a la actividad de policía y regulatoria de la Superintendencia Nacional de
Valores”, donde se analiza la actividad de esta superintendencia atendiendo
tanto a la ley de la materia (a saber: el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley de Mercado de Valores, de 2015) como a lo que ha dicho la doctrina.
De seguida, Juan
Miguel Guerra aporta su trabajo “Limitaciones
administrativas en la importación de vehículos bajo régimen de equipaje en
Venezuela”, consistente en un estudio sobre cómo la Resolución del
Ministerio de Hacienda N° 924, del 29-08-1991, constituye una limitación a
derechos fundamentales que no atiende a principios del Estado de Derecho –como lo sería la reserva legal– a pesar de
que con esa restricción se dice proteger un interés público o general.
Esta relación entre derechos fundamentales y
limitaciones por parte de la Administración Pública es estudiada, adicionalmente,
en otros dos trabajos que versan sobre el derecho de propiedad.
En el primero de ellos, Fernando Javier Delgado Rivas, bajo el título “Breves consideraciones sobre la noción de ‘función social’ y su
utilización para justificar la vulneración del derecho de propiedad privada a
través de normas de derecho público”, apunta cómo la noción de función
social ha permitido la intervención ilimitada del Poder Público sobre el
derecho en cuestión llegando, inclusive, a atentar contra su núcleo esencial.
Por su parte, Francisco
Ramírez Ramos presenta “La ley de tierras urbanas y el derecho de
propiedad”, colaboración en la que el autor compara el contenido de esta
ley con los presupuestos existenciales del derecho de propiedad a fin de
determinar si es posible una relación de compatibilidad entre ambos o, por el
contrario, existe una vulneración a este último.
En cuanto al procedimiento administrativo, son tres los
trabajos con que cuenta el Anuario en su primer número: “Procedimiento administrativo de selección de contratistas, una
aproximación a sus principios y marco regulatorio”, de José Antonio Reyes, “Procedimiento
administrativo disciplinario de destitución establecido en la ley del estatuto
de la función pública”, de Thairy Daza, y “Ejecución de sanciones y medidas
preventivas en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de precios
justos”, de Rodrigo Ramos Motta.
En el primer artículo, el autor hace un resumen del marco
normativo de la actividad contractual de la Administración Pública para luego
presentar algunas consideraciones sobre su naturaleza, características y
principios. En el segundo, la autora hace referencia al procedimiento de
destitución atendiendo a sus fases, principios y tipología. Finalmente, en el
tercero, el autor realiza una síntesis del procedimiento sancionatorio en
materia de precios justos atendiendo –en especial– a la facultad de la
Administración para ejecutar sanciones y medidas preventivas.
Siguiendo con el índice de este número encontramos
la colaboración de Julio César Celis titulada
“La responsabilidad patrimonial del
estado por el ejercicio anormal de la función jurisdiccional”, donde se
revisa la institución de la responsabilidad y su régimen jurídico, a fin de conocer
luego cuáles son los supuestos que generarían la obligación de reparación al
ejercerse la función jurisdiccional de un modo anormal.
En la misma línea de la responsabilidad patrimonial,
Randolph Pinto presenta “Elementos determinantes de la
responsabilidad de la Administración en el caso Ángel Nava”, consistente en
un balance del caso, sus antecedentes, y el actuar de las salas del Tribunal
Supremo de Justicia que conocieron de las repercusiones de la medida de
privación de libertad impuesta al ciudadano Navas.
Acercándonos a un tema de técnica legislativa, Claudia Vásquez Urosa
aporta su trabajo “Naturaleza jurídica
de la exposición de motivos y su utilidad práctica en el derecho venezolano
actual”, en el que luego de pasearse por conceptos como la norma jurídica y
su estructura, formula algunos comentarios sobre la exposición de motivos en
algunos decretos leyes de fecha reciente que, lejos de ayudar a la mejor comprensión
de las disposiciones normativas, favorecen su ambigüedad.
Finalmente, el lector podrá encontrar un estudio
sumamente completo de Maurice Germán Eustache Rondón, titulado
“El Patrimonio cultural en el derecho
venezolano” –que, valga destacar, forma parte del trabajo que presentó para
obtener el grado de especialista en Derecho Administrativo–, en el que el autor
analiza la naturaleza jurídica de los bienes de patrimonio cultural y cómo
opera su inalienabilidad, imprescriptibilidad y carácter no embargable; en
adición a las declaratorias de bienes integrantes del patrimonio cultural y sus
consecuencias.
Hecha esta reseña, no nos queda más que agradecer a
los estudiantes de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad
Central de Venezuela por su interés en esta iniciativa cuyo resultado,
esperamos, sea de provecho para la comunidad jurídica en general alimentando el
debate sobre los temas de estudio del Derecho Administrativo.
Gabriel Sira
Santana
Enero, 2017